Colombia: tierra: per capirne di +

Per chi non é pratico di Colombia, forse non é facile capire quanto il tema terra sia strutturalmente importante per riportare la pace. Metteró un po´ di articoli recenti apparsi nei media colombiani, in spagnolo, sperando che aiutino a capire il problema.

quesrto viene da El Periodico, datato 10 ottobre.

El gobierno titula tierras

El gobierno del Presidente Santos hará una especie de reforma agraria, distinta a las conocidas en el país. Empezará con la titulación de tierras, según explica el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo:

El 55 de los predios rurales que se trabajan son informales. Quienes los explotan no tienen títulos plenos de propiedad. La tenencia de la tierra es bastante informal y trae problema para acceder al crédito, a una hipoteca, al subsidio oficial. Una de las maneras de promover el bienestar de la gente del campo es poder facilitarles su titulación.

Empezamos el proceso en el departamento del Guaviare. Estamos hablando de un millón 300 mil predios sin títulos. El gobierno esperaría que un tercio de esos predios se puedan formalizar en este cuatrienio.

El gobierno sacará un dinero, y vamos ir de la mano con las gobernaciones, y las alcaldías, para que haya cofinanciaciones. También habrá cooperación internacional. Esta es una herramienta para modernizar al campesino.

La política de tierras que está planeando el gobierno es muy distinta a la practicada en Colombia. Se creó el Incora, compró y expropió tierras, y las adjudicó.

La reforma agraria no tiene ahora ese corte. La política de tierras tiene 2 ejes, el de la titulación de quienes ya están ahí trabajando. Y por otro lado la restitución de tierras, a aquellos que fueron despojados en los últimos 20 años.

La complicada restitución de tierras
Los problemas mayores estarán en la restitución de tierras, admite el Ministro. Y el gobierno está listo a dar muchas batallas…

Algunas de estas restituciones se pueden dar por vía administrativa. Pero la mayoría tiene que ser por la vía judicial y por esa razón se ha presentado un proyecto de ley que esperamos empiece a movilizarse esta semana.

El proyecto de ley crea una jurisdicción agraria especial y el Estado irá de la mano con el despojado de la tierra, con quienes están en las listas, y han declarado que les arrebataron las tierras. Pero no basta con su declaración. El Estado acudirá a los catastros de hace cinco y diez años… y una vez se demuestre que ese predio fue despojado, el Estado asume la prueba para que el campesino vaya ante un juez agrario en la jurisdicción especial. Ese juez pedirá la restitución del título de propiedad.

Es un operación de gran aliento social y político. Se calcula que 500 mil familias fueron despojadas de sus tierras y esas tierras, en un cálculo muy conservador equivalen a dos millones de hectáreas.

Estupefacientes, el Triangulo de las Bermudas

El Ministro Juan Camilo Restrepo es muy critico sobre la gestión de la Dirección Nacional de Estupefacientes y el manejo que le ha dado a miles de hectáreas decomisadas a los narcotraficantes…

Las tierras que tiene la Dirección de Estupefacientes son muchas, más de 530 mil hectáreas de las mejores del país, que les incautaron a los narcotraficantes o fueron entregadas en desarrollo de la ley de Justicia y Paz .

Esas tierras han entrado a estupefacientes para ser administradas o mal administradas y entraron a un “triángulo de las Bermudas”. Entran decenas de miles de hectáreas pero no sale ninguna. Entonces vamos a sacar de ese triangulo de las Bermudas las tierras que ya pasaron por la extinción de dominio, listas para adjudicarlas y esa será la cuota inicial para comenzar con esta política. No se están comprando predios, se está utilizando un banco de tierras que tiene el Estado, como cuota inicial.

En la primera reunión con estupefacientes quedaron de sacar 100 mil hectáreas sobre las que ya hay extinción de dominio para adjudicarlas en esta primera fase.

El Ministro considera “defectuoso” el manejo que le ha dado la Dirección de Estupefacientes a las tierras incautadas…

Es cierto. Yo critico el manejo realizado. Allí han llegado cerca de 530 mil hectáreas de las mejores tierras del país y han sido manejadas muy defectuosamente. Algunos dicen que ha habido focos de corrupción y el país lo sabe, eso no es ningún misterio.

Cuando hablamos de 530 mil hectáreas estamos hablando de decenas de miles de fincas, 40 o 50 mil. El emporio Grajales es una de las más importantes empresas frutícolas del país. Independiente de la historia y de las andanzas de sus dueños, hoy es un empresa en poder de estupefacientes y no tiene una buena gerencia. Han ido quedándoles mal a los proveedores, tiene problemas laborales y sería una lástima que semejante empresa agrícola se llegara a acabar. Es una mala administración por parte del encargado y de Estupefacientes, por los mecanismos que usa.

Es obvio, le pregunto, que el ambicioso programa ya tiene enemigos grandes…

Hasta el momento ha habido una buena acogida, pero no faltarán francotiradores encubiertos que van a lanzarle todo tipo de pedruscos a estos proyectos, porque tocan intereses creados, inconfesables y violentos.

En Urabá, en una reunión para las primeras restituciones de títulos a algunos de los despojados de las tierras, esa misma noche asesinaron a uno de los postulantes. Al gobierno no se le escapa que tiene dificultades jurídicas, administrativas y enemigos que cada vez serán más vociferantes.

El gobierno Santos considera que la sociedad colombiana tiene una inmensa deuda con la historia, con el derecho nacional e internacional y con la ética consistente. Hay que acelerar el proceso y hacer lo posible para que los despojados de las tierras las puedan recuperar.

¿Y qué pasa cuando la tierra está en poder de políticos y personajes de importancia nacional, que seguramente la compraron de buena fe?

Si se compró la tierra de buena fe -y eso se comprueba en el proceso- la ley prevé que la tierra se le reintegra al dueño original. Mientras tanto el tenedor recibirá el valor comercial de la tierra que se le está devolviendo al despojado.

Somos consientes que las tierras pueden estar en manos de parlamentarios y otra gente adquirente de buena fe. Por eso hemos previsto la figura de la indemnización. De lo contrario sería ponerle una bomba de tiempo, de malestar, que se juntaría a lo muchos problemas que ya tiene la sociedad colombiana.