Colombia: y ahora qué?

Bueno, creo sea inútil repetir cuanto tristes estamos con estos resultados del plebiscito. El punto es de ver si hay algo que se pueda hacer y/o los riesgos de no hacer nada. Así les invito a jugar a:

SI YO FUERA…

Los datos han revelado que un porcentaje muy alto de colombianos (62-63%) se han abstenido, lo que, junto con el hecho de la (curta) victoria del NO son los puntos clave a analizar. Mismo que hubiese vito el SI con esta misma situación, quedaría pendiente la fragilidad de esta construcción.

Desde mi punto de vista, las discusiones y un eventual acuerdo político interno a la clase política tendrán que salir del Congreso colombiano. Esto lo pone al centro de la figura de abajo. La razón principal siendo la fragilidad del presidente Santos en estos días, así como de su gobierno de Unidad Nacional, la necesidad obvia de encontrar un camino de diálogo con la oposición, manteniendo el rumbo de lo negociado para no re-abrir completamente la caja de Pandora y volver al punto cero (que podría ser el interés de Uribe en realidad). Al no lograr avanzar en este diálogo, el riesgo es que todo quede en el limbo actual, con riesgos que las acciones de guerra vuelven a empezar de nuevo (no olvidemos que estamos en una situación de tiempo suspendido también con el ELN que declaró un alto para el plebiscito, y ahora tendrá que decidir si volver la guerra o que hacer). La tentación de ir empezando la corrida para las próximas elecciones presidenciales de 2018 existe, y esto es más un peligro interno a la coalición de Santos que de la oposición que ya tiene su candidato. Por eso que este diálogo, si se deja solo en la mano del Presidente, su gobierno y la oposición (con un posible, pero limitado, papel de las FARC) podría no ir muy lejos. Para darle fuerza es necesario que una serie de otros actores salgan de su estado catatónico y empiecen a actuar de manera concertada.

Hablo primero de la ONU (tanto el Secretariado General así como las agencias técnicas), (de notar que Ban Ki-moon ya mandó su enviado especial a la Habana esta noche), de la OEA (y en particular del socio de mayoría, EEUU) y de la UNASUR. A ellas en su conjunto les toca, a mi juicio, de manifestarse en tiempos rápidos para decirle alto y claro que no puede haber marcha atrás. Este lobbying debe ejercerse tanto a nivel del dialogo político como dentro del Congreso.

La comunidad de donantes, a partir del reino de Noruega, pero no solo, pienso a la Unión Europea, España etc. debería confirmar su disponibilidad financiera para apoyar ciertas iniciativas iniciales que tendrán que arrancar rápidamente. Otras fuentes financieras, tipo el Banco mundial, el fondo GEF, el nuevo fondo de cambio climático (GCF), deberán también enviar señales de disponibilidad. Mientras las primeras son más rápidas, y pueden ser usadas para lo que propongo abajo, las segundas tienen tiempos más largo para su formulación y negociación, sin embargo son bastante más gruesas en cantidad.

Hay un actor clave, tanto en lo referente al acompañamiento de las negociaciones como por su capacidad de hacer una presión suave a distintos niveles, que, pienso yo, debería manifestarse tanto a nivel oficial, público, que informal. Hablo obviamente del Vaticano y de lo que puede decir tanto el Papa como, a nivel más local, las parroquias y las varias comunidades religiosas. Aun cuando la situación sea muy tensa, unas palabras de paz y de apoyo por parte del mundo católico a todo nivel, podría convencer algún parlamentario a cambiar de idea y meterse en pro del acuerdo (el actual o lo que el presidente Santos podría modificar ligeramente con el consenso de las Farc – el famoso plan B del cual hablan ciertos diarios).

Un papel obvio le queda también a la sociedad civil colombiana, por lo menos aquella que está en favor de los acuerdos, sean ONG, grupos locales, academias y otros.

Un trabajo de buen aliento de todos estos actores con mira a una discusión (con acuerdo) parlamentar, debería poder permitir que un acuerdo con pocas modificaciones – para salvar la cara – le permita tanto al gobierno como a una parte de la oposición de salirse de una situación potencialmente muy peligrosa.

Estos sin embargo necesitaría casi en paralelo de empezar una colaboración concreta por parte de las agencias técnicas de las naciones unidas, con el gobierno (central y en las departamentos), además de otros partners locales, para ir empezando a trabajar algunos de los aspectos claves de los problemas tocados por el acuerdo, aquellos que puedan empezar sin esperar una nueva versión.

Pienso en particular a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (punto 1.2 del acuerdo.

Fuera de los varios aspectos técnicos y políticos), lo que está detrás de todo es una falta gigante de credibilidad y confianza mutua entre los varios actores. Modificar una ley o una política es algo que se puede hacer en pocos meses de trabajo técnico. Otra cosa empezar a trabajar, en ciertas zonas piloto, a identificar, para recrear confianza a través de mecanismos de dialogo incluyente hacia la preparación de planes de ordenamiento más inclusivos y donde el tema del acceso a la tierra no sea el único problema, sino que se toquen también otras condiciones de creación de empleo rural, educación, vivienda... O sea sentar bases para ir demostrando concretamente que tipo de futuro se quiere construir. Ya una vez habíamos visto que zonas así existen, solo hay que hablar con las personas que conocen el campo y allí nosotros tenemos una ventaja interesante. Los criterios de priorización (punto 1.2.2) son suficientemente vagos para poder proponer una serie de lugares donde ya hemos tenido trabajo de campo y contactos establecidos. Obviamente habría que arrancar en lugares donde el voto por el SI haya sido mayoritario, para tener una posibilidad mayor que los actores locales tengan gana de jugar a la reconstrucción social. Poco a poco se podría abrir también en zonas del NO, sin embargo primero sería necesario haber testado y puesto en marcha un mecanismo adaptado de dialogo, negociación y concertación.

El punto 1.2.3. dice claramente que “en cada zona priorizada es necesario elaborar de manera participativa un plan de acción para la transformación regional, que incluya todos los niveles del ordenamiento territorial”. Es una escritura yo diría casi obvia hoy en día: quien no quiere hacer algo participativo e incluyente? Traducirlo en la práctica es algo distinto, pero lo cierto es que este trabajo no depende solo de los acuerdos de paz, sino es una necesidad “normal” de cualquier institución encargada del ordenamiento territorial. Por eso que sugiero de arrancar de este tema, meno político pero seguramente también más largo.

De hecho lo que se trata es de trabajar para recrear confianza no solo entorno al contenido de los acuerdos de paz, sino entorno al concepto mismo de las instituciones que deben de gobernar el país. Por eso que no se trataría solo de trabajar el tema territorial desde un punto de vista económico-ecológico, sino ver la necesidad de ir reconstruyendo una cohesión social que permita a la gente de volver a sentirse parte de una comunidad llamada Colombia. El tema de la educación es por lo tanto fundamental, que se trate o no del acuerdo de paz, así como restablecer un sistema sanitario público.

Tenemos algo para ofrecer? Yo creo que si, y mucho. Los PDET deben aplicar un “enfoque territorial de las comunidades rurales que tenga en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes, así como sus necesidades diferenciadas en razón del género, edad, pertenencia étnica, orientación sexual e identidad de género diversa, y condición de discapacidad, y la vocación de los suelos, para poder desplegar los recursos de inversión pública de manera suficiente y en armonía con los valores tangibles e intangibles de la nación.”

Más aún: “Un diagnóstico objetivo, elaborado con la participación de las comunidades —hombres y mujeres—, en el que se consideren bajo el enfoque territorial señalado las necesidades en el territorio y las acciones que coordinen los diferentes elementos, y tenga metas claras y precisas que posibiliten la transformación estructural de las condiciones de vida y de producción. »

Los que conocen nuestros trabajos territoriales, en zonas de conflicto y/o post-conflicto usando el Desarrollo Territorial Participativo y Negociado (DTPN), el Improving Gender Equality in Territorial Issues (IGETI) y, más recientemente, el Green Negotiated Territorial Development (GreeNTD) ya tienen la respuesta.

Abordajes incluyentes, que ponen el tema de recrear confianza, cohesión social al centro de la cuestión territorial y que pretenden ser verdaderamente de abajo hacia arriba, tal cual termina el párrafo 1.2.3. “El Plan Nacional de Desarrollo acogerá las prioridades y metas de los PDET.”

Es así como ya lo planteaba quince años atrás: trabajar local para que a nivel nacional se sienta el aliento de una nueva Colombia que va reconstruyendo su tejido social. No se trata de olvidar nada, la memoria es fundamental, sin embargo hay también que encauzar la memoria dentro de una esperanza de futuro mejor. Y esto no es tarea solo de los colombian@s, yo creo que nos toca a todos, y en particular a los que estamos trabajando dentro de una organización de naciones unidas. Ahora más que nunca debemos acelerar.

El gráfico abajo sintetiza la propuesta.