LA TENENCIA DE LA TIERRA Y LA PAZ EN COLOMBIA

continuando con Colombia, comparto este texto de Alejandro Reyes...

Por primera vez en medio siglo, el gobierno llegó a un acuerdo agrario con las Farc en La Habana el 26 de mayo de este año. El acuerdo no agota las aspiraciones de reforma rural que las Farc quieren impulsar cuando ingresen a la democracia, pues no comprometió al gobierno a abolir el latifundio, ni prohibir la inversión extranjera en tierras, y tampoco a resolver a favor de la agricultura el conflicto de tierras con la gran minería. Pero el acuerdo sí define los parámetros de una profunda reforma rural, que el gobierno había planteado desde 2010, cuando logró la aprobación de la ley de víctimas y restitución de tierras y un proyecto de ley de tierras y desarrollo rural que le da un vuelco a la política agraria con enfoque multisectorial y territorial, actualmente en consultas étnicas.

Dicho de otra manera, porque el gobierno había reconocido la crisis del campo, agravada por la guerra interna, y había planteado las tareas necesarias para superarla, fue posible tender un puente de oro para establecer las bases de un acuerdo para poner fin al conflicto armado, con la guerrilla que justificó su lucha de cinco décadas con un programa agrario de reivindicación campesina.

De hecho, las Farc iniciaron esa reingeniería desde hace varios años, al reducir el tamaño de sus frentes y trasladar combatientes a la acción política en sus zonas de influencia. Su apuesta es que pueden capitalizar en organización social y política entre el campesinado, los trabajadores y estudiantes, lo que consideran su acumulado histórico de lucha militar contra el Estado, para disputar un día el poder, por vía electoral, a la burguesía.

En la base campesina de población, arruinada por el desplazamiento y el despojo, con sus líderes perseguidos y sus organizaciones disueltas, ha ido surgiendo en los últimos años un impulso de organización, expresión de sus demandas y búsqueda de reconocimiento, que se conjugó en la movilización agraria de agosto 19, que bloqueó durante casi un mes el transporte de alimentos a varias capitales, incluida Bogotá.
La activación de esta energía colectiva ha sido posible por las enormes ganancias en seguridad de los últimos años, desde la desmovilización de los paramilitares entre 2005 y 2006, el repliegue de las guerrillas de muchas regiones y el combate a las bandas criminales, que están reduciendo el miedo que la paralizaba.

Aunque la recuperación del control territorial por el estado sea solo parcial, y falte mucho para lograr la seguridad ciudadana en ciudades y campos, el sentimiento que domina en muchas regiones es que se levantó la cortina de terror que silenciaba a la población campesina, que ahora puede plantear sus reclamos, durante tanto tiempo postergados. El inicio de un serio proceso de paz refuerza la esperanza de cambio de las condiciones insoportables de vida y anticipa el posconflicto. En la Habana se está transformando el conflicto armado en un conflicto social con reglas democráticas. El proceso de cambio rural cuenta ahora con el protagonismo de la población rural en vías de organización y movilización creciente, que llegó para quedarse.

En la movilización campesina que se inició el 18 de agosto hubo participación activa y grupos de choque beligerantes contra la fuerza pública provenientes de organizaciones rurales cercanas a las Farc, como Marcha Patriótica, pero la movilización desbordó el activismo y convocó a miles de campesinos que reclamaron su propia representación y vocería. Una gran parte de la población rural, que quiere salir de la violencia, rechaza ser identificada y seguir las directrices de las guerrillas, y algunas de las regiones donde el paro tuvo mayor apoyo fueron aquellas donde su influencia es marginal, como Boyacá y Cundinamarca.

Relacionado con el Acuerdo Agrario con las Farc, el gobierno planteó, como respuesta a la movilización rural, un pacto por el agro y el desarrollo rural. El pacto debe transformarse en la creación de instancias de diálogo y participación organizada y representativa en todo el mundo rural, desde las veredas y municipios hasta los departamentos y territorios, para impulsar la reforma de la tenencia de la tierra y el desarrollo rural.

La tarea que le espera al país en el mundo rural es enorme, pero todas las condiciones para realizarla se están reuniendo finalmente. El cambio climático impulsa a ordenar mejor la población en el territorio, para retirarla de áreas de riesgo ambiental. La crisis alimentaria mundial exige aumentar la agricultura a expensas de la ganadería extensiva, mejorando el uso del suelo. La superación de la pobreza rural requiere focalizar la inversión social en el campo. El cumplimiento del acuerdo de paz hace necesaria una fuerte intervención estatal para dar acceso a tierras y bienes públicos a la población rural. Finalmente, la activación de un nuevo movimiento social surgido de organizaciones locales del campesinado aporta la energía colectiva para cambiar las relaciones de poder en los territorios rurales, contra la oposición que harán las elites tradicionales y emergentes que monopolizan la propiedad rural.

Esta tarea exige fortalecer la capacidad del estado para titular, registrar, gravar con impuestos, clarificar, recuperar las tierras públicas ilegalmente apropiadas y distribuir a quienes no tienen o tienen muy poca. El año entrante se hará un nuevo censo agropecuario, que el país no ha hecho en 42 años, y pronto se hará un nuevo catastro rural con última tecnología, para disponer de las herramientas de información necesarias para la reforma rural. Otra decisión importante es que se creará una jurisdicción agraria, que aplique el derecho agrario y no el civil, como ocurre hoy en manos de la justicia ordinaria, para resolver conflictos de tenencia y formalizar ese 40% de la pequeña producción que carece de título formal.

Entender los problemas de gobernanza de la tierra en Colombia requiere un poco de historia. La ocupación del territorio productivo ha sido un proceso de siglos, para dominar una abigarrada topografía difícil de comunicar por carreteras. Los valles interandinos fértiles fueron rápidamente monopolizados por una elite terrateniente que se apropió de los extensos baldíos que había a comienzos del siglo 20, relegando a los campesinos a colonizar nuevas tierras con la técnica primitiva de tumba y quema del bosque. Igual ocurrió en la extensa planicie de la Costa Caribe y en las tierras fértiles de los Llanos Orientales.

Esas elites propietarias han logrado conservar un sistema legalista y anacrónico de acreditación de la propiedad de la tierra, refractario a la modernización del catastro y registro de propiedad, y cuentan con una sobre-representación en el Congreso, por la vía del clientelismo, que ha logrado impedir o desvirtuar los intentos de reforma agraria que emprendieron gobiernos reformistas, como el de Alfonso López Pumarejo, entre 1934 y 1938, y el de Carlos Lleras Restrepo entre 1968 y 1970.

La actual coyuntura ha cambiado los parámetros políticos del problema. Las antiguas elites terratenientes se han mezclado con los empresarios de las drogas, que se volvieron terratenientes, un tercio del campesinado ha sido violentamente desplazado y despojado de sus territorios, las guerrillas se disponen a impulsar las demandas campesinas de cambio, y lo más importante, los campesinos han resuelto participar para cambiar las cosas a su favor, después de varias décadas de impotencia y persecución.

Colombia se prepara para pasar, en lenguaje de Douglas North, de ser una sociedad de acceso limitado a una de acceso abierto, que implica generalizar los derechos de propiedad a toda la población, subordinar los privilegios de las elites territoriales al interés general, para eliminar la captura de rentas de la tierra, multiplicar las organizaciones sociales y finalmente, garantizar que las fuerzas de seguridad del Estado protejan un orden democrático y no señorial, sobre todo ahora que están en retirada los señores de la guerra.

Ese cambio sistémico es la oportunidad histórica que ofrece la paz con las guerrillas, que crea el contexto democrático para adelantar la profunda reforma rural, que es la gran tarea pendiente del desarrollo en Colombia. Esa reforma debe cerrar la expansión de la frontera agraria, formalizar la pequeña propiedad, restituir las tierras despojadas, recuperar para la nación los baldíos ilegalmente apropiados, extinguir el dominio de las tierras ociosas y del enriquecimiento ilícito, distribuir tierra a campesins sin ella o con muy poca, sanear de ocupantes las reservas naturales y las tierras de minorías étnicas, relocalizar población fuera de las zonas de grave riesgo ambiental, crear mercados de tierras no rentísticos, aumentar los impuestos sobre la tierra en forma progresiva con su valor, para estimular el uso adecuado de la tierra, y, finalmente, como un objetivo que lo resume todo, aumentar la densidad de población rural en las mejores tierras cercanas al mercado, con infraestructura y servicios, y reservar para el desarrollo empresarial de gran escala las áreas con menor densidad de población, como la altillanura del Meta y Vichada