Bueno, creo sea inútil
repetir cuanto tristes estamos con estos resultados del plebiscito. El punto es
de ver si hay algo que se pueda hacer y/o los riesgos de no hacer nada. Así les
invito a jugar a:
SI YO FUERA…
Los datos han
revelado que un porcentaje muy alto de colombianos (62-63%) se han abstenido,
lo que, junto con el hecho de la (curta) victoria del NO son los puntos clave a
analizar. Mismo que hubiese vito el SI con esta misma situación, quedaría pendiente
la fragilidad de esta construcción.
Desde mi punto de
vista, las discusiones y un eventual acuerdo político interno a la clase política
tendrán que salir del Congreso colombiano. Esto lo pone al centro de la figura
de abajo. La razón principal siendo la fragilidad del presidente Santos en
estos días, así como de su gobierno de Unidad Nacional, la necesidad obvia de
encontrar un camino de diálogo con la oposición, manteniendo el rumbo de lo
negociado para no re-abrir completamente la caja de Pandora y volver al punto
cero (que podría ser el interés de Uribe en realidad). Al no lograr avanzar en
este diálogo, el riesgo es que todo quede en el limbo actual, con riesgos que
las acciones de guerra vuelven a empezar de nuevo (no olvidemos que estamos en
una situación de tiempo suspendido también con el ELN que declaró un alto para
el plebiscito, y ahora tendrá que decidir si volver la guerra o que hacer). La tentación
de ir empezando la corrida para las próximas elecciones presidenciales de 2018
existe, y esto es más un peligro interno a la coalición de Santos que de la
oposición que ya tiene su candidato. Por eso que este diálogo, si se deja solo
en la mano del Presidente, su gobierno y la oposición (con un posible, pero
limitado, papel de las FARC) podría no ir muy lejos. Para darle fuerza es
necesario que una serie de otros actores salgan de su estado catatónico y empiecen
a actuar de manera concertada.
Hablo primero de
la ONU (tanto el Secretariado General así como las agencias técnicas), (de
notar que Ban Ki-moon ya mandó su enviado especial a la Habana esta noche), de
la OEA (y en particular del socio de mayoría, EEUU) y de la UNASUR. A ellas en
su conjunto les toca, a mi juicio, de manifestarse en tiempos rápidos para
decirle alto y claro que no puede haber marcha atrás. Este lobbying debe ejercerse
tanto a nivel del dialogo político como dentro del Congreso.
La comunidad de
donantes, a partir del reino de Noruega, pero no solo, pienso a la Unión
Europea, España etc. debería confirmar su disponibilidad financiera para apoyar
ciertas iniciativas iniciales que tendrán que arrancar rápidamente. Otras
fuentes financieras, tipo el Banco mundial, el fondo GEF, el nuevo fondo de
cambio climático (GCF), deberán también enviar señales de disponibilidad. Mientras
las primeras son más rápidas, y pueden ser usadas para lo que propongo abajo,
las segundas tienen tiempos más largo para su formulación y negociación, sin
embargo son bastante más gruesas en cantidad.
Hay un actor
clave, tanto en lo referente al acompañamiento de las negociaciones como por su
capacidad de hacer una presión suave a distintos niveles, que, pienso yo,
debería manifestarse tanto a nivel oficial, público, que informal. Hablo obviamente
del Vaticano y de lo que puede decir tanto el Papa como, a nivel más local, las
parroquias y las varias comunidades religiosas. Aun cuando la situación sea muy
tensa, unas palabras de paz y de apoyo por parte del mundo católico a todo
nivel, podría convencer algún parlamentario a cambiar de idea y meterse en pro
del acuerdo (el actual o lo que el presidente Santos podría modificar ligeramente
con el consenso de las Farc – el famoso plan B del cual hablan ciertos diarios).
Un papel obvio le
queda también a la sociedad civil colombiana, por lo menos aquella que está en
favor de los acuerdos, sean ONG, grupos locales, academias y otros.
Un trabajo de
buen aliento de todos estos actores con mira a una discusión (con acuerdo)
parlamentar, debería poder permitir que un acuerdo con pocas modificaciones –
para salvar la cara – le permita tanto al gobierno como a una parte de la
oposición de salirse de una situación potencialmente muy peligrosa.
Estos sin embargo
necesitaría casi en paralelo de empezar una colaboración concreta por parte de
las agencias técnicas de las naciones unidas, con el gobierno (central y en las
departamentos), además de otros partners
locales, para ir empezando a trabajar algunos de los aspectos claves de los problemas
tocados por el acuerdo, aquellos que puedan empezar sin esperar una nueva
versión.
Pienso en
particular a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (punto 1.2 del acuerdo.
Fuera de los
varios aspectos técnicos y políticos), lo que está detrás de todo es una falta
gigante de credibilidad y confianza mutua entre los varios actores. Modificar
una ley o una política es algo que se puede hacer en pocos meses de trabajo
técnico. Otra cosa empezar a trabajar, en ciertas zonas piloto, a identificar,
para recrear confianza a través de mecanismos de dialogo incluyente hacia la
preparación de planes de ordenamiento más inclusivos y donde el tema del acceso
a la tierra no sea el único problema, sino que se toquen también otras
condiciones de creación de empleo rural, educación, vivienda... O sea sentar
bases para ir demostrando concretamente que tipo de futuro se quiere construir.
Ya una vez habíamos visto que zonas así existen, solo hay que hablar con las personas
que conocen el campo y allí nosotros tenemos una ventaja interesante. Los
criterios de priorización (punto 1.2.2) son suficientemente vagos para poder
proponer una serie de lugares donde ya hemos tenido trabajo de campo y
contactos establecidos. Obviamente habría que arrancar en lugares donde el voto
por el SI haya sido mayoritario, para tener una posibilidad mayor que los
actores locales tengan gana de jugar a la reconstrucción social. Poco a poco se
podría abrir también en zonas del NO, sin embargo primero sería necesario haber
testado y puesto en marcha un mecanismo adaptado de dialogo, negociación y
concertación.
El punto 1.2.3. dice claramente que “en cada zona priorizada es
necesario elaborar de manera participativa un plan de acción para la
transformación regional, que incluya todos los niveles del ordenamiento territorial”.
Es una escritura yo diría casi obvia hoy en día: quien no quiere hacer algo
participativo e incluyente? Traducirlo en la práctica es algo distinto, pero lo
cierto es que este trabajo no depende solo de los acuerdos de paz, sino es una
necesidad “normal” de cualquier institución encargada del ordenamiento territorial.
Por eso que sugiero de arrancar de este tema, meno político pero seguramente
también más largo.
De hecho lo que
se trata es de trabajar para recrear confianza no solo entorno al contenido de
los acuerdos de paz, sino entorno al concepto mismo de las instituciones que
deben de gobernar el país. Por eso que no se trataría solo de trabajar el tema
territorial desde un punto de vista económico-ecológico, sino ver la necesidad
de ir reconstruyendo una cohesión social que permita a la gente de volver a
sentirse parte de una comunidad llamada Colombia. El tema de la educación es
por lo tanto fundamental, que se trate o no del acuerdo de paz, así como
restablecer un sistema sanitario público.
Tenemos algo para ofrecer? Yo creo que si, y
mucho. Los PDET deben aplicar un “enfoque territorial de las comunidades rurales que tenga en cuenta las
características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de los
territorios y sus habitantes, así como sus necesidades diferenciadas en razón
del género, edad, pertenencia étnica, orientación sexual e identidad de género
diversa, y condición de discapacidad, y la vocación de los suelos, para poder
desplegar los recursos de inversión pública de manera suficiente y en armonía
con los valores tangibles e intangibles de la nación.”
Más aún: “Un diagnóstico objetivo, elaborado con
la participación de las comunidades —hombres y mujeres—, en el que se
consideren bajo el enfoque territorial señalado las necesidades en el
territorio y las acciones que coordinen los diferentes elementos, y tenga metas
claras y precisas que posibiliten la transformación estructural de las
condiciones de vida y de producción. »
Los que conocen nuestros trabajos territoriales,
en zonas de conflicto y/o post-conflicto usando el Desarrollo Territorial
Participativo y Negociado (DTPN), el Improving Gender Equality in Territorial
Issues (IGETI) y, más recientemente, el Green Negotiated Territorial
Development (GreeNTD) ya tienen la respuesta.
Abordajes incluyentes, que ponen el tema de recrear
confianza, cohesión social al centro de la cuestión territorial y que pretenden
ser verdaderamente de abajo hacia arriba, tal cual termina el párrafo 1.2.3. “El
Plan Nacional de Desarrollo acogerá las prioridades y metas de los PDET.”
Es así como ya lo
planteaba quince años atrás: trabajar local para que a nivel nacional se sienta
el aliento de una nueva Colombia que va reconstruyendo su tejido social. No se
trata de olvidar nada, la memoria es fundamental, sin embargo hay también que
encauzar la memoria dentro de una esperanza de futuro mejor. Y esto no es tarea
solo de los colombian@s, yo creo que nos toca a todos, y en particular a los
que estamos trabajando dentro de una organización de naciones unidas. Ahora más
que nunca debemos acelerar.
El gráfico abajo sintetiza la propuesta.